¿Puede mi compañía anularme la póliza?

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Rafa Nadal
7 de noviembre de 2017

La suspensión unilateral de la cobertura de las instituciones dependientes de la Generalitat abre el debate sobre el margen de maniobra de las compañías

La decisión de Segurcaixa de cesar su relación con la Generalitat de Catalunya ha abierto el debate sobre las condiciones en los que una de las partes puede finalizar la relación contractual de forma unilateral (dar por terminado el seguro antes de su vencimiento). La carta, de efecto 11 de octubre, en la que se comunica al Parlament de Catalunya la suspensión de la cobertura de la póliza de seguros con efecto inmediato es, como mínimo, discutible en función de la interpretación que se haga de la ley. Lo más interesante es que esta decisión sirve para plantear de cara al ciudadano hasta qué punto puede una compañía suspender una cobertura de seguro sin necesidad de ponerse de acuerdo con el asegurado.

La decisión de la compañía se basa en el artículo 12 de la Ley 50/80 del contrato de seguro, en el que se indica que “el asegurador puede en un plazo de dos meses a contar del día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato. En tal caso, el tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido, dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva”.

Es decir, que si se produce un cambio que suponga que exista más riesgo la compañía de seguros puede proponer una modificación que se traducirá en mayor prima la mayoría de las veces. Evidentemente no se trata de este caso, ya que la compañía (el asegurador) no ha propuesto una modificación del contrato del seguro sino que directamente anuncia la resolución sin dar plazo alguno al tomador (el asegurado que contrata la póliza de seguro).

El artículo 12 señala también que “el asegurador (la compañía) igualmente podrá rescindir el contrato comunicándolo por escrito al asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. En el caso de que el tomador del seguro o el asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro, el asegurador queda liberado de su prestación si el tomador o el asegurado ha actuado de mala fe. En otro caso, la prestación del asegurador (la compañía) se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo”. O sea que si el asegurado (el que contrata la póliza) ha actuado de mala fe al no revelar que el riesgo asegurado se ha agravado, la compañía podrá rescindir el contrato. Si el asegurado no ha actuado de mala fe, la compañía está obligada a seguir cumpliendo el contrato aunque tiene derecho a modificar la prima (el precio que cobra por el servicio).

En este último apartado del artículo 12, sí se faculta a la compañía para rescindir, de forma unilateral, el contrato de seguro al estar dentro del plazo de un mes desde que se produjo la supuesta agravación y que se fija en el día 13 de septiembre, fecha en la que el BOE suspende la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

La duda aparece en si, en este supuesto, debería haberse concedido ya no los 15 días que se indican en el primer apartado ya que en este caso no existe propuesta de nueva prima, sino los ocho días que se indican para comunicar la rescisión definitiva. Evidentemente se abre un amplio campo para que los juristas determinen si se ha actuado legalmente o no, si bien los usos y costumbres del sector siempre han sido de conceder un plazo, previa comunicación al mediador, para que el tomador busque una nueva cobertura.

Por otra parte, al tratarse de una anulación antes del vencimiento de la póliza, la carta debería hacer referencia al extorno de la prima (retorno de la parte proporcional de la prima pagada y no utilizada al haberse suspendido la cobertura) que corresponda por no haberse llegado al vencimiento.

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