Prestige: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

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Redacción
22 de noviembre de 2017

El 13 de noviembre se cumplían 15 años de la mayor tragedia medioambiental de la historia de este país, el caso Prestige. Desde el momento en que el casco del petrolero se agrietó y empezó la fuga incontrolada de fuel, el caso se ha ido complicando más y más. Han sido tres lustros de batallas sociales y judiciales con innumerables protagonistas. Te explicamos cuál ha sido el camino del ‘caso Prestige’ y cuál es el futuro que se avecina.

El día 13 de noviembre un temporal azotaba las costas de Galicia cuando un viejo petrolero llamado Prestige, cargado con cerca de 77.000 toneladas de crudo, se encontraba cerca del cabo de Finisterre. Además de los fuertes vientos, la tripulación notó un golpe en el casco. El impacto de un objeto, aún hoy desconocido, produjo la primera grieta y el inicio de un vertido incontrolado de fuel, lo que más tarde conoceríamos como ‘chapapote’.
Una semana después y tras varios intentos de salvamento, el martes 19 de noviembre el barco se partió por la mitad y tardó pocas horas en hundirse por completo. La tragedia estaba sentenciada igual que las costas de Galicia, Portugal y Francia que se llenaron de una marea negra. El vertido afectó tanto al paisaje y la fauna, como a la economía y a la sociedad. Ante la desgracia, la gente se unió en una plataforma solidaria llamada ‘Nunca Mais’ que movilizaría y coordinaría durante semanas cerca de 300.000 voluntarios llegados de toda España. Fueron también los líderes del movimiento de protesta por la gestión de la catástrofe.
El primer intento del Estado español para la reclamación de responsabilidades fue en los juzgados de Nueva York. El Gobierno pidió 1.000 millones de euros como indemnización a la American Bureau of Shipping (ABS), la empresa que certificaba el estado y la seguridad del petrolero. Sin embargo, en el mes de agosto se desestimó la petición española y se volvió a la casilla de salida.
Habían pasado 9 años del hundimiento del Prestige cuando se inició el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña. Por delante estaba la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental. La Fiscalía había pedido ya 4.442 millones de euros como indemnización por los daños directos e indirectos, faltaba confirmar la cifra y lo más importante, quién era el responsable.
La dificultad para determinar las consecuencias reales de la marea negra se juntó con muchos actores implicados en el caso, y no todos ellos colaboraron en el juicio. Esto llevó a 9 meses de un complejo proceso judicial que terminaron con la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. No hubo más culpable que el capitán, el griego Apostolos Mangouras, a quién se le acusó de “un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas durante las operaciones de rescate”, y que se traducía en una condena de 9 meses de cárcel. También quedó probado el “mal estado” del barco y por lo tanto, la posible responsabilidad de la empresa certificadora de las condiciones del buque, la norteamericana ABS. Pero esa opción ya había quedado descartada 10 años antes con la negativa de los juzgados estadounidenses. El Gobierno español también quedo absuelto a pesar de las críticas a la mala gestión del desastre medioambiental.
Tras una apelación de la sentencia de la Audiencia Provincial, el caso llegó al Tribunal Supremo. Este órgano amplió la condena del capitán a 2 años de prisión, acusándole ahora de delito medioambiental. A pesar de ello, Mangouras no ha entrado nunca en la cárcel y muchas voces expertas lo definen como el ‘cabeza de turco’ del Prestige. El Tribunal Supremo también se pronunció respecto a los daños y los responsables de pagar sus costes. Quedaron acreditados 513 millones de euros, aunque el Fiscal seguía pidiendo más de 4.300 millones de euros. Los costes por lo tanto no quedaron claros, pero sí se abrió una puerta para pedir la responsabilidad civil a la compañía británica The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (London P&I)*. Según la sentencia del Supremo, esta compañía podría ser finalmente la que asumiera los costes de la posible indemnización, pero primero había que definir de qué cantidad se trataba.
Coincidiendo con el 15º aniversario del desastre, la Audiencia Provincial de A Coruña volvió a tomar las riendas del caso y anunció que fijaba el coste de los daños ocasionados por el accidente del Prestige en 1.634,8 millones de euros. Esta cifra contempla los daños patrimoniales, los medioambientales y los morales causados en territorio español, pero también la parte que le correspondería recibir al Estado francés y a la Xunta de Galicia. Los responsables de asumir el pago de esta indemnización son, según la Audiencia Provincial, la mutualidad aseguradora London P&I* y de forma secundaria, la propietaria del barco Mare Shipping INC, y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), un organismo intergubernamental que actúa en el caso de accidentes que produzcan daños por hidrocarburos.
La London P&I ya ha mostrado su descontento con la sentencia y ha recordado que la póliza contratada por la empresa propietaria del Prestige solo le obliga a cubrir 1.000 millones de dólares, lo que equivaldría a poco más de la mitad de la indemnización que se le reclama. Además, según las leyes británicas no debe pagar los costes al Gobierno español sino al que le contrató la póliza, en este caso la propietaria del barco. Dudas y complicaciones que deberán resolver ahora los tribunales británicos, puesto que la ‘aseguradora’ responde a su país de origen. Algunos expertos afirman que las pretensiones españolas serán rebajadas pero es difícil augurar el final de este rompecabezas. Solo hay una cosa clara: será un proceso largo y costoso para España. Además, con la entrada en juego del Brexit, el Estado español debe darse prisa para aprovechar el paraguas de la Unión Europea que podría ayudar a facilitar las negociaciones.

*Qué es la London P&I

The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (London P&I) se ha presentado como la “compañía aseguradora” del Prestige aunque su figura es algo más compleja. La London P&I Club es en realidad una asociación para la protección y la indemnización de riesgos navales que funciona como mutualidad.
¿Qué significa esto? Se trata de un Club de Protección e Indemnización que a través de la colaboración de todos sus miembros se hacen responsables de posibles daños a la carga de un barco, muerte o lesión de tripulantes o pasajeros, abordaje, colisión o contaminación marina, entre muchos otros. En concreto, de los diversos P&I que existen en todo el mundo el de Londres es el más importante y tiene asegurado aproximadamente el 90% de la flota naviera mundial.
En el caso Prestige, hay que tener en cuenta que la London P&I solo responde a sus miembros, es decir, que la indemnización no la debería pagar directamente al Gobierno español sino al armador del Prestige, compañía miembro del Club. Por otro lado, la cobertura que se contrató tenía un límite de 1.000 millones de dólares que no alcanzaría más que la mitad de los daños fijados por la justicia española. 

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