El sudoku del Prestige

La indemnización que persigue el Gobierno es fruto de una larga historia y de múltiples valoraciones de los daños causados

Han pasado quince años y el caso Prestige sigue coleando. El Prestige era un barco petrolero que se hundió en la costa gallega vertiendo su carga. Lo que está en disputa ahora es la millonaria indemnización que deben percibir los afectados (básicamente el Gobierno de España) y quién debe hacerse cargo del pago (principalmente la compañía aseguradora del barco, de nacionalidad británica). La Audiencia de A Coruña ha determinado hace unos días, después de identificar los daños causados, que la cifra a pagar supera los 1.600 millones de euros.

Esta decisión llega después de un complicado proceso en el que la propia Audiencia de A Coruña descartó, en una primera sentencia, condenar al capitán del barco, Apostolos Mangoura, por delito medioambiental y simplemente le imputó un delito de desobediencia, con lo que desestimaba la posibilidad de indemnizaciones. El posterior recurso de la fiscalía hizo que entrara en juego el Tribunal Supremo (TS), que en 2016 varió la sentencia y condenó a Mangoura a dos años de cárcel por delito contra el medio ambiente. La sentencia del TS abrió la puerta a que los afectados reclamaran indemnizaciones de nuevo a través de la Audiencia de A Coruña que, finalmente, ha emitido el veredicto de los 1.600 millones.

El sudoku de números que ha manejado la Audiencia de A Coruña es enorme. Finalmente, la cifra de la indemnización asciende a 1.635,8 millones de euros, desglosados en tres grandes apartados: 931 millones por daños físicos comprobados; 279 millones por daño medioambiental; y otros 363 millones por daño moral indemnizable. Un subtotal de 1.573 millones. Pero debemos incluir aquí también la indemnización para el Gobierno francés (61 millones) y la que recibirá la Xunta de Galicia (1,8 millones). La segunda incógnita es quién debe pagar. Básicamente, la compañía aseguradora, la británica The London Steamship Owners Mutual Insurance Association y también el capitán del barco son los señalados por la Audiencia. Al no poder el capitán hacer frente a una cantidad tan importante, entra también en esta relación la compañía propietaria del buque, Mare Shipping INC. Al inicio del proceso, en 2002, la aseguradora adelantó 22,7 millones en concepto de fianza. Ahora no está dispuesta a pagar más, pese a que la póliza contratada por el barco es de 1.000 millones de dólares (853 millones de euros).

En este momento, los afectados por la sentencia de la Audiencia pueden recurrir otra vez al Tribunal Supremo, pero para acabar de complicar la situación, el caso se irá finalmente al Reino Unido y será la justicia británica la que deberá decidir sobre quién, cuánto, cómo y a quien hay que pagar. Al tratarse de un caso que afecta a varios países se tuvo que dirimir a qué jurisdicción correspondía y un tribunal europeo decidió que en última instancia el proceso llegaría a Londres. Este último giro de guión resulta especialmente incierto dado que es difícil saber si el proceso del Prestige se verá afectado por el Brexit, en un momento en el que el Reino Unido se halla negociando su salida de la Unión Europea.

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